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Policiales

Desarticulan banda de estafadores que engañaban a jubilados desde la cárcel

Entre 250 mil y 300 mil pesos, por lo menos, recaudó una banda integrada por dos presos de una cárcel de Córdoba y otras ocho personas, mediante estafas telefónicas a vecinos de San Luis. Los engañó con el argumento de que habían sido beneficiados con la reparación histórica de la Anses, pero para cobrarla debían depositar dinero en forma previa, para iniciar o agilizar el trámite.

Los acusados son todos de Córdoba y la Justicia Federal de San Luis los investiga desde hace meses. Son las personas a las que el viernes 3 de agosto pasado les allanaron los domicilios en busca de pruebas de las maniobras delictivas.

Efectivos de la Delegación San Luis de la Policía Federal (PFA) viajaron a la provincia vecina y ese día requisaron quince lugares, catorce viviendas y el penal de Bouwer, ubicado a 21 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba.

El fiscal federal de instrucción, Cristian Rachid, que comandó la investigación, resolvió imputar a los diez sospechosos como integrantes de una asociación ilícita. A tres de ellos les adjudica el rol de organizadores.

El documento con la imputación de la fiscalía llegará hoy a manos del juez federal Juan Esteban Maqueda y a partir de ello el magistrado dispondrá, seguramente, el llamado a declaración indagatoria de los sospechosos.

Según las pruebas que la Justicia Federal reunió, los dos presos de Bouwer y sus ocho cómplices engañaron a por lo menos ocho personas de San Luis. Y es posible que haya una novena víctima, trascendió de una fuente de la investigación.

Los delincuentes llamaban a un jubilado, o a un familiar del jubilado, para decirle que debía cobrar un monto extra de haberes, porque era una de las personas a las que les correspondía la reparación histórica que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Pero, para acceder al beneficio, debían “activar y agilizar el trámite”: hacer un depósito de dinero a una cuenta que ellos le indicaban por teléfono. No pedían una suma determinada, pero insistían en que depositaran todo lo que pudieran, con la promesa de que esa plata le sería restituida después, junto con los montos de la reparación.

La ilusión de recibir el beneficio llevó a algunas de las personas que recibieron el llamado de los estafadores a buscar dinero y enviarlo a las cuentas que ellos les indicaban.

Los presos de Bouwer eran los encargados de hacer las llamadas desde el penal.

En los allanamientos de agosto, la PFA secuestró decenas de teléfonos y chips de celulares. Los reclusos se valían de aparatos de telefonía móvil para concretar los engaños.

Sus socios de afuera aportaban las cuentas bancarias en las que recibían los depósitos y se encargaban de sacar el dinero.

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